CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque la desaparición forzada de su padre y sus cuatro hermanos ocurrió hace más de 40 años a manos de elementos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y el Ejército mexicano, en pleno periodo de la Guerra Sucia, Abdallán Guzmán Cruz no cesa en su empeño de conocer la verdad y que se haga justicia.

Por ello, este viernes, compareció en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir que el organismo emita un informe “de fondo” que pueda presionar al Estado mexicano para que la investigación avance efectivamente.

Según un comunicado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), el padre de Abdallán José de Jesús Guzmán Jiménez, y sus hermanos Amafer, Venustiano, Solón y Armando Guzmán Cruz, originarios de la comunidad purépecha de Tarejero, municipio de Zacapu, Michoacán, fueron desaparecidos entre 1974 y 1976.

El caso fue presentado hoy por Abdallán quien, ante los comisionados de la CIDH reiteró que “no es que su familia esté contra la reparación del daño, lo que les interesa es conocer la verdad, que se haga justicia y que no vuelvan a repetirse estos crímenes”.

Durante su alocución, Guzmán Cruz insistió en que “el Estado tiene toda la información histórica sobre la desaparición de mis hermanos y mi padre”; por ello, dijo, no hay pretexto para no encontrar la verdad.

Según relató, la desaparición de sus familiares fue denunciada desde el primer momento por la familia, quien desde entonces ha presentado recursos legales en instancias como la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) y la Coordinación General de Investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), donde se encuentra actualmente. No obstante, no ha tenido resultado alguno a más de cuatro décadas.

En la audiencia, representantes del Centro PRODH y la Fundación Diego Lucero -acompañantes en la queja de Abdallán Guzmán Cruz- afirmaron que los hechos no han sido controvertidos por el Estado, pero tampoco esclarecidos, por lo que corresponderá a la CIDH establecer lo ocurrido.

A pesar de estar acreditado por instancias estatales que durante la Guerra Sucia se cometieron crímenes de lesa humanidad, agregaron, en la investigación del caso “no está incorporada la perspectiva de sistemática desaparición forzada, además de que han fallecido ya dos de las autoridades de más alto rango identificadas como responsables”.

Según el comunicado, el comisionado Paulo Vanucchi cuestionó si el Ejército mexicano alguna vez ha reconocido la comisión de graves violaciones a derechos humanos en la Guerra Sucia como parte de una política de justicia transicional, a lo que el Estado no pudo responder afirmativamente.

Por estas razones, los organismos sociales afirmaron que “el tema de fondo es una transición fallida donde no hubo justicia transicional. ¿Dónde están los registros de todos los detenidos del Ejército, que la DFS le permitió tener?”. Entonces, reiteraron que no hay elementos para creer que una solución amistosa llevaría al esclarecimiento de los hechos.

En la audiencia, Abdallán Guzmán Cruz destacó que, a partir de que el caso fue presentado ante la CIDH, ha sido hostigado e incluso su casa ha sido allanada.

En tanto, los comisionados de la CIDH instaron al Estado a realizar la investigación y sanción de los responsables como lo pide la familia, en vez que de los representantes estatales se enfoquen en el tema de la reparación.

Durante la audiencia, la familia de Abdallán y las organizaciones acompañantes solicitaron que, en el informe de fondo, la CIDH recomiende al Estado mexicano “que tome todas las medidas necesarias para esclarecer, sancionar y reparar los hechos”.

Para ello, reiteraron, que se deben tomar en cuenta las líneas de investigación y búsqueda que emergen de la documentación detallada oficial de las circunstancias y curso de las desapariciones forzadas, y que las violaciones denunciadas se insertan en el contexto de sistemáticas violaciones a derechos humanos durante la Guerra Sucia.

También demandaron que el Estado establezca “que, para garantizar la no repetición de los hechos, es necesario transparentar y poner a disposición de la sociedad toda la documentación existente sobre la Guerra Sucia y garantizar una adecuada institucionalidad, capacidad técnica y sistema de controles en la nueva Fiscalía Generall de la Nación”.

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Fuente y nota completa: Proceso México