CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 16 meses de la represión policiaca en Nochixtlán, Oaxaca, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, sostuvo que los hechos ocurridos el 19 de junio del 2016, en el que murieron siete personas, son “un ejemplo de lo que no debe ser” en materia de desalojos de vialidades.

Y es que –dijo– no se observaron coordinación ni protocolos de actuación entre las corporaciones estatales y federales, además de que se registró un uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y tratos crueles inhumanos y degradantes.

Al presentar la Recomendación 7VG/2017, el ombudsman nacional señaló que las violaciones a derechos humanos ocurridas en el operativo policiaco en el que participaron miembros de la Policía Federal, la Gendarmería y policías estatales y ministeriales fueron “graves”, al registrarse entre ellas siete fallecidos, 174 civiles lesionados, 45 de ellos por arma de fuego, así como 106 policías heridos, cuatro por arma de fuego.

Acompañado del segundo visitador Enrique Guadarrama, González Pérez acusó a autoridades estatales y federales de obstaculizar el trabajo del organismo, lo que atribuyó a “falta de voluntad a que se conozca la verdad, para que se pueda llegar al fincamiento de responsabilidades, que esto limite la reparación del daño, y sobre todo el que se esté invisibilizando hechos como éstos, se evite generar garantías de no repetición”.

En una exposición detallada de la investigación –realizada durante siete meses por personal del organismo– que se desplegó a Nochixtlán, así como a las comunidades de San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera, hasta donde se expandió el operativo, el ombudsman exigió fincar responsabilidades a todos los servidores públicos responsables de los abusos cometidos, en un operativo dirigido a desalojar a agremiados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“Estamos pidiendo que todos los que tuvieron que ver con la planeación, diseño, ejecución de este operativo se investigue precisamente su participación en ese mal diseño y, desde luego, quienes más tuvieron conocimiento de esos sucesos”, sostuvo.

El presidente de la CNDH señaló que, en una revisión de la indagatoria penal, personal del organismo detectó “la existencia de diversas omisiones en las diligencias de investigación e inobservancia de la normatividad aplicable por el personal ministerial de la Fiscalía estatal, las cuales no han sido subsanadas en su totalidad por la PGR, que atrajo la carpeta de investigación y en más de un año no se han realizado diversas diligencias necesarias para conocer la verdad y determinar responsabilidades”, pues ni siquiera se ha realizado la reconstrucción de los hechos ni se han tomado declaraciones de testigos ni víctimas.

Recomendaciones

La CNDH emitió 26 puntos recomendatorios dirigidos al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat; el comisionado nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia; el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, y al fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez.

Entre ellos se cuenta que las autoridades estatales y federales tendrán que ofrecer una disculpa pública a las víctimas y a los habitantes de los pueblos afectados, además de proceder a la reparación de daños e iniciar investigaciones penales y administrativas.

González Pérez señaló que en las investigaciones de personal del organismo se determinaron violaciones graves al derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, a la seguridad, al interés superior de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia, así como al derecho a la verdad y al recurso jurídico efectivo.

Al señalar que la recomendación considera como sujetos de reparación a víctimas individuales y colectivas, entre ellas 20 personas que fueron detenidas sin haber participado de los hechos, el funcionario puntualizó que, debido a la mala planeación del operativo, atribuido a integrantes del Grupo de Coordinación Oaxaca, no sólo civiles resultaron afectados, sino también personal policial.

El ombudsman explicó que entre los afectados destacan unos 30 elementos de la banda de guerra y personal administrativo de la Policía estatal que fueron enviados al evento y que “no tenían la capacitación última para contender con ese tipo de operativos, eso muestra la desorganización del operativo”.

El segundo visitador Enrique Guadarrama agregó que el operativo fue monitoreado desde un hotel ubicado en la ciudad de Oaxaca, precisamente por el Grupo de Coordinación Oaxaca, integrado por el secretario general de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública, el subsecretario de Operación Regional de la Secretaría General de Gobierno, el delegado estatal de la Segob, el coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, el comisionado de la Policía Estatal, el delegado estatal del CISEN, el coordinador Estatal de la Policía Federal en Oaxaca, División de Seguridad Regional y el encargado del Sexto Agrupamiento de Gendarmería.

Al insistir en la urgencia de investigar a policías y a integrantes del Grupo de Coordinación Oaxaca para el deslinde de responsabilidades, el ombudsman advirtió que las autoridades señaladas tienen un plazo de 15 días hábiles para aceptar la Recomendación.

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Fuente y nota completa: Proceso México