CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A parte del avance que constituyen las reformas estructurales aprobadas a principios de la administración de Enrique Peña Nieto, las cuales fueron aplaudidas por el sector privado, el actual gobierno se empantanó en la corrupción y la inseguridad, dice en entrevista el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther.

“Nos preocupa cómo en este sexenio –no particularizo en personas, hablo de un tema sistémico–, la corrupción ha crecido de una forma exponencial. Nos preocupa muchísimo que, de la mano con esta corrupción, la impunidad y la percepción de la misma también han crecido.”

Impulsor del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) junto con el Instituto Mexicano para la Competitividad y la organización no gubernamental Transparencia Mexicana, el dirigente patronal destaca que en seguridad pública el gobierno federal no ha logrado avances sustantivos.

“Si no pasa un pequeño milagro”, apunta, este año finalizará como el más violento, aun por encima de 2008, que registró la mayor cantidad de homicidios dolosos.

Otro de los asuntos pendientes del gobierno federal, a su juicio, “es que hubo actos que hacen presumir violación de derechos humanos en temas como el del espionaje telefónico y como la desaparición de jóvenes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero”. Pero además ese fenómeno puede asociarse con otros delitos, como “violación del derecho de privacidad, el ataque o intimidación de los medios de comunicación, incluyendo en esta parte la falta de persecución de algunos delitos que hacen presumir violaciones graves a los derechos humanos”.

Y en la parte financiera, precisa, “nunca hemos estado de acuerdo con el extraordinario endeudamiento en el que ha incurrido esta administración. Tampoco en la política de desarrollo social, con la opacidad en el diseño y la administración de sus programas”.

En fin, resume que la Coparmex ha manifestado en diversas ocasiones sus diferencias con el gobierno federal “en materia de obra pública, con el marcado favoritismo con que se han ejecutado. Desde luego, no hemos estado de acuerdo con la lentitud en la implementación de la reforma educativa ni con la política fiscal del gobierno, que ha pasado la factura a las empresas y ha rehuido tomar decisiones estructurales para ampliar la base de contribuyentes”.

Por esas posturas, la Coparmex no ha tenido una relación complaciente con el gobierno. En enero pasado el organismo, que agrupa a más de 36 mil empresas dentro de 67 centros empresariales a nivel nacional, rehusó sumarse al Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto. Argumentó que “el documento no fue consensuado debidamente”.

Oficialmente, dicho acuerdo pretendía impulsar los proyectos de inversión programados para 2017 y 2018; fomentar nuevas inversiones; mantener la creación de empleos, el crecimiento económico y la competitividad.

La Coparmex creó su propio plan para impulsar la economía familiar, crear empleos de calidad, mejorar las finanzas públicas, promover el Estado de derecho y combatir realmente la corrupción.

De Hoyos indica: “No damos cheques en blanco a ningún gobierno; no lo dimos en el pasado y no le daremos a éste ni al que sigue”. Por el contrario, dice, la Coparmex valora cada política pública, toda acción de gobierno y de otras circunstancias por separado.

“Podemos defender las políticas públicas que nos parecen acertadas, no importa el color del gobierno que las proponga y las ejecute… Y también sabemos desmarcarnos cuando encontramos una política pública o una acción de gobierno que nos parece desafortunada. En ese sentido, la relación con el gobierno ha tenido momentos de gran entendimiento y momentos de profundo desencuentro.

“Una organización empresarial que no está dispuesta a analizar o cuestionar una política pública está renunciando a una de sus tareas fundamentales, que es darle voz a cada uno de los empresarios, especialmente a los más pequeños.”

Lo que le falta al SNA

Acerca del SNA y los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA), que entraron en vigor el pasado miércoles 19, el dirigente de la Coparmex afirma que representan “un avance de años luz”, aunque enfrentó muchas reticencias políticas.

“En todos los partidos hemos encontrado legisladores en favor del SNA y también profundas resistencias, sobre todo para que el sistema tenga dientes y quede bien estructurado”. Dice que algunos gobernadores quisieron madrugar y hacer sistemas anticorrupción a su medida, como ocurrió en Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz.

–¿Qué hace falta para dotar de dientes al SNA?

–Hoy tenemos la raíz de los dientes. Sin eso no hay autoridad que actúe. Lo que no tenemos son las instituciones conformadas óptimamente para enjuiciar los casos individuales y resolverlos. No hay fiscal anticorrupción ni magistrados especializados.

“Sí puede operar, de manera imperfecta, porque el procurador general de la República puede ejercitar cualquiera de las acciones que corresponden a sus subordinados, y también es cierto que el Tribunal de Justicia Administrativa puede habilitar a un magistrado transitoriamente para que atienda casos de corrupción. Pero son situaciones de excepción, no se han conformado los órganos especializados que nos interesan.”

De Hoyos celebra que haya sido la ciudadanía quien propusiera la reforma constitucional para los SLA: “Es la primera vez que la propuesta ciudadana se convierte en 32 propuestas locales. Este proceso está plagado de muchas primeras veces y nos sentimos muy contentos de lo que se ha conseguido, conscientes de que hay cosas que se deben corregir”.

El gobierno no crea empleos

Sobre el anuncio de Peña Nieto a principios de este mes, de que se creó medio millón de empleos en el primer semestre del año, el dirigente empresarial aclara: “Los empleos, salvo los de la burocracia, no los crea el gobierno. Éste, en el mejor de los casos, reporta cifras de lo que pasa en la economía… No es un mérito que pueda atribuírsele, al menos directamente, a la acción del gobierno.

“En segundo lugar, me parece que el gobierno pudo hacer mucho más para promover la inversión, lo cual trae de la mano mayor empleo. ¿Cómo? Con una política fiscal promotora y no como ha sido, recaudadora en extremo y concentrada en muy pocos contribuyentes. Dicho esto, como país tenemos un reto muy importante para crear muchos más empleos, no son suficientes, y desde luego debemos crear empleos con mejor remuneración.

–Qué hacer con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami)?

–Para empezar tiene que transparentar su trabajo. Proponemos que todas las deliberaciones de la Conasami y todos los estudios sean públicos. Ahí se ha formado una especie de isla dentro de la gran transformación que ha habido en instituciones del Estado mexicano, y todavía existe una práctica medieval donde se cierran las puertas del castillo y adentro se arreglan las cosas.

–¿Y qué hacer con el rey de ese castillo, Basilio González Núñez, quien lo ha gobernado desde 1991?

–La comisión necesita un tratamiento mayor, cuyo ingrediente terapéutico fundamental sea la transparencia. En la medida que se conozca con claridad cuáles son los estudios, quién los hizo y cómo se ve desde la Conasami la política oficial para el desarrollo económico. Esa medida va a aportar bastante al conocimiento y maduración de esa entidad.

Este texto se publicó en la edición 2125 de la revista Proceso del 23 de julio de 2017.

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Fuente y nota completa: Proceso México