El espionaje como recurso usual del gobierno es algo practicado y conocido desde hace tiempo. Y el presidente Peña Nieto –se sabe al menos desde 2008, gracias a una investigación de la PGR alentada por Manlio Fabio Beltrones– presuntamente lo aprovechó desde su periodo como gobernador mexiquense, cuando se cree que indagó en las vidas de muchos personajes de la política y la farándula, incluyendo a su ahora esposa. Una confusión más de alguien que suele ignorar la línea que divide lo público de lo privado.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- –¿Qué, nadie me va a preguntar si tengo novia, o qué? ¿No hay reporteros de espectáculos aquí? –preguntó Enrique Peña Nieto la mañana del 11 de abril de 2007 a un grupo de 10 periodistas. El entonces gobernador del Estado de México sorprendió a los reporteros y también a su jefe de Comunicación, David López. Reciente aún la muerte de su esposa, Mónica Pretelini, los rumores sobre sus romances eran una constante.

Una reportera de Milenio Diario le recordó que ellos iban a reportear sus actividades públicas y su trabajo como gobernador, no su vida privada.

–¿Es que nadie me va a preguntar si es cierto que salgo con Galilea Montijo? –insistió Peña Nieto.

Finalmente le preguntaron lo que quería. El gobernador mexiquense contestó que no andaba con la conductora de Televisa, porque era “muy exuberante” para su gusto.

No fue la única vez que el mandatario estatal mezclaba lo público con lo privado, la farándula con la política. Antes de dar la “exclusiva” de su noviazgo con Angélica Rivera, en noviembre de 2008, en entrevista con Katia D’Artigues y Sabina Berman, en el programa televisivo Shalalá, se lo confió a las reporteras que cubrían sus actividades.

Y no faltaba que él les preguntara: “¿Y qué dicen por ahí de mí?”.

Una constante de su gobierno estatal, pero también de su sistema de vigilancia, fue mezclar a periodistas con políticos, a empresarios con activistas sociales, a integrantes de su propio gabinete, a adversarios políticos dentro del PRI y en otros partidos, y también a conductores, actores y actrices de Televisa.

Quería formar parte de ese mundo de la farándula. Y Televisa lo apoyó también en sus labores de espionaje, mediante los servicios de Alejandro Quintero, entonces vicepresidente de Comercialización de la televisora, quien ahora ha vuelto a trabajar para Peña Nieto pero en el entorno de Los Pinos.

A través de una red de empresas y “consultoras”, como TV Promo, Zimat y Radar Servicios Especializados, no sólo lo asesoraban en asuntos de marketing político, sino también de espionaje. Una de sus operadoras fue Yessica de Lamadrid, quien posteriormente trabajó para Eduardo Medina Mora en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Uno de los temas que más le preocupaban, confía a Proceso un reportero que cubrió las actividades de Peña Nieto como gobernador, era el de su hijo fuera del matrimonio con Maritza Díaz Hernández, quien colaboró con el gobierno de Arturo Montiel. “Era el gran secreto”, afirma.

Díaz Hernández acudió a mediados de 2009 a Proceso porque se sentía espiada y fue amenazada vía telefónica por Angélica Rivera, la actriz de Televisa contratada para la promoción de los spots del gobierno del Estado de México y que se convirtió entonces en la novia oficial del mandatario.

El 4 de marzo de 2012, en vísperas del inicio de la campaña presidencial, Díaz Hernández rompió el silencio y contraatacó. Subió un mensaje en su red social de Facebook:

“EPN se reunió con Joe Biden (vicepresidente de Estados Unidos en ese momento). Ojalá le hayas comentado el asunto de tu hijo menor que tienes pendiente en USA. Es una responsabilidad que no has asumido.”

También hubo un acoso telefónico y llamadas intimidantes contra la actriz Verónica Castro, excuñada de Angélica Rivera, a raíz de una entrevista que concedió a la revista Hola! el 8 de julio de 2009.

La conductora estelar de Televisa desmintió en esa entrevista la versión oficial de que el matrimonio entre su hermano y Angélica Rivera había sido irregular. La noticia cayó como bomba en el corporativo. Castro fue “congelada” desde entonces no sólo de la pantalla de la empresa de Azcárraga Jean, sino del cine, el teatro y otras actividades. También fue espiada por el gobierno mexiquense y por la empresa televisiva.

En la confusión más fuerte entre lo público y lo privado, la propia Angélica Rivera fue objeto del espionaje de su prometido y futuro presidente de la República, tal como se supo al conocerse la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la empresa Seguridad Privada Inteligente, de Luis Miguel Dena, exagente del Cisen (Proceso 1738).

El caso Dena

El 13 de junio de 2008, el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, interpuso una denuncia ante la PGR por presunto espionaje contra él, su familia y sus colaboradores.

Adversario de Peña Nieto por la candidatura priista de 2012, a Beltrones le llegó información de que lo espiaban y decidió denunciar.

El 6 de noviembre de 2008, la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos cateó dos casas en Naucalpan, Estado de México, desde donde se efectuaba el presunto espionaje.

Se encontraron “sábanas” de información con las transcripciones de llamadas telefónicas de personajes políticos, como Beltrones; Andrés Manuel López Obrador; el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard; el senador panista Santiago Creel; el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; la líder nacional el PRI, Beatriz Paredes; el exgobernador de Zacatecas Ricardo Monreal; el exgobernador de Hidalgo Jesús Murillo Karam; y de decenas más de posibles aspirantes presidenciales, incluyendo a Humberto Moreira y Fidel Herrera. El único que no estaba en esas “sábanas” era Enrique Peña Nieto.

La información de vínculos, relaciones afectivas, información general, vulnerabilidades y “datos confidenciales” incluyeron también a Angélica Rivera, entonces novia de Peña Nieto, y Mariagna Pratts, entonces esposa de Ebrard.

La investigación de la PGR señaló a un exagente del Cisen, Luis Miguel Dena, como propietario de la empresa Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones.

Originario de Zacatecas, Dena –con estudios en neurolingüística, neuroprogramación, epistemología y semiología– ingresó al Cisen en marzo de 1994. Trabajó para Jorge Tello Peón, entonces director de ese organismo, y fue su delegado en la Ciudad de México y en el Estado de México, donde se vinculó con la red de espionaje estatal creada desde la época de Arturo Montiel.

También aparecieron en la estructura de esa empresa varios exagentes del Cisen, como Guillermo Lago Montes, quien trabajó en distintas áreas gubernamentales de inteligencia entre 1980 y 1993; Miguel Ángel Solís Hernández; Alfredo Ávila Uribe, especialista en temas de subversión; José Tagle Balderas, agente entre 1993 y 2006; Alejandro Rodríguez Rosas, empleado entonces del centro de inteligencia; y Adriana Morales Rodríguez, analista.

Uno de los socios de Dena en esta empresa fue un exmilitar israelí, Yosef Shevah Porat, Yosi, especialista en antiterrorismo, quien huyó del país cuando se descubrieron las dos casas en Naucalpan.

Dena fue sentenciado a seis años de prisión por espionaje, pero recobró la libertad antes, a raíz del fallo del juez federal Fernando Córdova Valle.

Su nombre volvió a aparecer el 10 de junio de 2012, la noche del segundo debate presidencial. La candidata panista Josefina Vázquez Mota mostró un cheque emitido por el organismo policiaco Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem), considerado una “caja chica” de los políticos y comandantes mexiquenses.

“Enrique Peña Nieto mandó a espiar a varios personajes políticos. Con dinero público financió un centro de espionaje y aquí está la comprobación en un estado de cuenta donde su gobierno pagaba este centro de espionaje”, afirmó Vázquez Mota.

Peña Nieto no se dio por aludido. No respondió nada. Días después, el coordinador de su campaña, Luis Videgaray, rechazó que el candidato o el PRI estuvieran detrás de las acusaciones lanzadas por la panista.

Carmen Aristegui, en su programa radiofónico de MVS, entrevistó a Dena, quien negó que hubiera espionaje, pero admitió que los Cusaem compraron su software.

“Es cierto que Cusaem, que es un ente híbrido, me contrata y contrata a mi empresa, porque esa es la persona moral que de alguna forma yo constituyo; me contrata por la capacidad profesional que yo había demostrado, desarrollamos un software para la prevención del delito”, afirmó.

Dena se describió como “un hombre de inteligencia” –no como un espía– que recibió entrenamiento durante 20 años en la Escuela Nacional de Inteligencia Argentina, en la CIA y el FBI y en el Mosad israelí.

Paranoia desde Los Pinos

Antes del extenso reportaje publicado por Azam Ahmed y Nicole Perlroth en The New York Times el lunes 19, el gobierno de Peña Nieto enfrentó otros dos escándalos sobre sistemas de espionaje y adquisición de millonarios equipos de intrusión informática en las comunicaciones privadas.

En julio de 2015 los reporteros Jorge Carrasco y Mathieu Tourliere documentaron en Proceso que la paranoia de Peña Nieto lo llevó a contratar millonarios servicios de espionaje para combatir a sus críticos, no al crimen organizado.

Entre abril y julio de ese año, un ataque de hackers a la empresa Hacking Team, creada en 2003 por el italiano David Vincenzetti, reveló que habían vendido malware con nombres como Da Vinci o Galileo a más de 30 países, incluyendo a México.

La “filtración” múltiple demostró que desde 2009, cuando era gobernador, Peña Nieto autorizó la compra del Remote Control System, la principal herramienta de espionaje de Hacking Team, capaz de penetrar de manera simultánea miles de celulares y computadoras, con capacidad de infiltrarse en cuentas personales de Facebook, Google, Yahoo, Twitter, Gmail y decenas de aplicaciones.

Como presidente de la República, Peña Nieto autorizó también contratos por cerca de 26 millones 300 mil pesos para dependencias federales, como las secretarías de Defensa, Marina, Gobernación, la Policía Federal y el Cisen. En total, de 2009 a 2015 se habrían destinado más de 55 millones de euros para los servicios de Hacking Team, según el reportaje de Proceso.

En octubre de 2015 se dio a conocer el nombre de Pegasus como otro malware intrusivo comercializado por NSO Group, de origen israelí. En la revista Eje Central se documentaron 729 blancos de espionaje de este sistema entre el 31 de agosto y el 14 de septiembre de ese año: actores de Televisa Talento, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, empresas de seguridad, periodistas como Carmen Aristegui y Raymundo Riva Palacio, la empresa poblana Multisistemas Noticias Cambio, y Diario 21, de Guerrero.

Incluso se documentó el espionaje al secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, exfuncionario del Estado de México y señalado en otro momento como operador de otra red de espionaje en la época de Peña Nieto como gobernador.

Una nota interna de Los Pinos, de octubre de 2015, cuya copia tiene Proceso, señala:

“Lo que antes era un rumor, ya se ha constatado. En este sexenio arrancó un programa y un sistema para rastrear y monitorear a TODOS (sic) los blancos que pudieran ser un obstáculo para los objetivos del gobierno federal.

“Esta noticia no sería novedosa, si no se hubiera filtrado la categorización de dichos blancos: a) actores políticos; b) empresarios; c) líderes sociales; d) comunicadores; e) académicos; y f) funcionarios y militantes priistas.

“El objetivo de este monitoreo es, incluso, detectar el fuego interno que se da dentro de los grupos de interés del PRI.”

El 13 de febrero de este año, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19, Social TIC, Amnistía y Citizen Lab denunciaron que el sistema Pegasus sirvió para espiar al abogado Simón Barquera, del Instituto Nacional de Salud Pública; a Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, y a Luis Encarnación, coordinador de Contrapeso.

Cuatro días después de las nuevas revelaciones del The New York Times y después de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, negara categóricamente que se utilizara Pegasus para espiar a ciudadanos, Peña Nieto hizo una serie de declaraciones confusas y equívocas que acabaron por avivar la indignación frente al escándalo.

En Lagos de Moreno, Jalisco, Peña Nieto improvisó un discurso para emprenderla no contra quienes violan los derechos de la privacidad, sino contra quienes denunciaron ser víctimas de espionaje.

“Espero que la PGR, con celeridad, pueda deslindar responsabilidades y espero, al amparo de la ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado falsos señalamientos contra el gobierno”, afirmó.

De inmediato, el Centro Prodh, Artículo 19, Social TIC, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, el Poder del Consumidor e Imco emitieron un comunicado señalando que el presidente “carece de elementos técnicos y jurídicos para afirmar que las denuncias son falsas y, por el contrario, los informes científicos realizados hasta ahora apuntan en otra dirección.

“Que el presidente de la República descarte a la ligera una denuncia de esta gravedad pone en entredicho la posibilidad de que se conduzca una investigación seria, objetiva, transparente y efectiva” que, además, “aún no ha comenzado”, recordaron estos organismos.

El corresponsal de The New York Times, Azam Ahmed, tuiteó: “Creo que el presidente acaba de ordenar una investigación sobre la sociedad civil y el NYT para historia de espionaje”.

Poco después, Ahmed redactó otro mensaje en Twitter informando: “Me llamó presidencia para decirme que @EPN no nos estaba amenazando, ni a la sociedad civil. Dijo que no quiso decir eso”.

El propio Peña Nieto tuvo que rectificar señalando que “no lo expliqué suficientemente. Advertí que se investigue si fuera de una entidad pública están teniendo intervenciones y esta es la indicación que he dado.

“No sé por qué este empeño de llevar a ese escenario al gobierno. Todo lo contrario. Lo que estoy queriendo afirmar es que no tenemos participación en espionaje” y que su gobierno “tolera y respeta las voces críticas”.

El viernes 23, en entrevista con Aristegui Noticias, Ahmed afirmó que en su llamada telefónica, el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, le explicó que el mensaje equívoco se produjo porque “Peña Nieto improvisó, no leyó sus tarjetas”.

Este reportaje se publicó en la edición 2121 de la revista Proceso del 25 de junio de 2017.

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Fuente y nota completa: Proceso México