CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) pospuso para el lunes 17 la definición respecto a una posible anulación de las elecciones en Coahuila por un eventual rebase al tope de gastos de las campañas de los candidatos del PRI y del PAN.

En sesión extraordinaria, que se extendió durante más de ocho horas, los consejeros se limitaron -en decisión dividida de seis contra cinco-, a sancionar al PRI por el reparto de un “monedero rosa”, parte de un programa social, en el marco del proceso electoral, y lo multó por un monto de 918 mil pesos.

“(Es) un asunto delicado que se sitúa en la frontera entre las ofertas de campaña y la promesa de dádivas a cambio del voto”, dijo el consejero Ciro Murayama, quien rechazó el uso de esas tarjetas como un simple elemento de propaganda política, como alegaron los representantes del partido oficial.

Según Murayama, ese tipo de prácticas, “uso electorero de la política social” valiéndose de la pobreza, representa uno de los problemas “más serios” de la democracia en el país.

Expuso: “Podríamos estar ante la repartición de piezas con publicidad electoral, pero con la entrega de las tarjetas, a cambio el partido recababa datos personales del elector o de los tutores de la persona joven a la que se le prometían apoyos. Y dice el partido denunciado (PRI) que, a partir de ese registro de ciudadanos, elaborado durante la campaña electoral, de ser gobierno empezaría a otorgar ‘un apoyo social en dinero, mismo que sería depositado en una tarjeta plástica’. La recolección de datos personales es incorrecta”.

Murayama subrayó: “Entregar monederos en un escenario de carencia social a cambio de datos de los individuos que serán beneficiados, si sufragan por el partido y este resulta ganador, da una secuencia de condicionamiento social a los necesitados a cambio de su voto. No es una promesa legítima y válida. Llegó al territorio de la dádiva y su gasto en estas tarjetas no puede ser considerado válido por esta autoridad”.

Entonces, se pronunció por dar vista del asunto al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por el uso indebido de datos personales por parte del PRI.

Finalmente, con ocho votos a favor y tres en contra, los consejeros del INE declararon improcedente la queja por presunto financiamiento de la empresa constructora OHL a la campaña del priista Alfredo del Mazo a la gubernatura del Estado de México, ya que la Unidad de Fiscalización de ese instituto no lo acreditó.

“El pleno determinó que el asunto denunciado compete a diversas autoridades, ya que está relacionado con el uso indebido de recursos públicos y se denuncian actos de supuesta corrupción de servidores públicos y empresas, los cuales no son sujetos de posible sanción por parte de la autoridad electoral”, fijó el INE.

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Fuente y nota completa: Proceso México