CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) informó que en los centros federales de Readaptación Social (Ceferesos) y de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) persisten 52 situaciones de riesgo en materia de tortura o maltrato a personas privadas de la libertad.

Entre tales situaciones destacó la insuficiencia de personal de seguridad y custodia y falta de capacitación del mismo, falta de separación entre procesados y sentenciados, trato inadecuado y prepotente del personal, insuficiencia y mala calidad de alimentos, e inadecuada atención de áreas técnicas a internos sancionados.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tal situación se desprende del seguimiento dado por el MNPT al Informe 9/2016, cuyo resultado se hizo del conocimiento del titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, José Alberto Rodríguez Calderón.

En él se señala que de las 106 situaciones de riesgo originalmente detectadas, 31 han sido totalmente atendidas, 24 presentan avances y 52 aún persisten.

Durante las visitas que el MNPT realizó en marzo pasado a los Ceferesos ubicados en los estados de México, Jalisco, Nayarit, Veracruz, Tabasco, Durango, Sinaloa, y Chihuahua, así como en “Islas Marías” y el Ceferepsi, en Morelos, se detectó que en algunos centros prevalecen situaciones de riesgo, en las que es necesario incidir hasta su cabal cumplimiento.

Tales irregularidades también consisten en falta de programas para atención de personas con adicciones; personal médico insuficiente y retraso en consultas, instalaciones inadecuadas para personas con discapacidad física, falta de actividades ocupacionales, deportivas y laborales; deficiencias en la comunicación familiar y al exterior, relacionadas con los horarios y espacios para la visita y la comunicación telefónica.

El organismo de derechos humanos destacó que previo a las visitas de seguimiento, personal del MNPT mantuvo comunicación con los enlaces designados con el objeto de registrar las medidas y acciones emprendidas para atender las observaciones señaladas en el informe inicial.

También para valorar su correspondencia con los derechos humanos de las personas privadas de la libertad respecto de las condiciones necesarias para garantizar el trato digno, la integridad personal, la protección al derecho a la salud, la legalidad y seguridad jurídica, la atención a grupos vulnerables, así como a la reinserción social.

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Fuente y nota completa: Proceso México