CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Debido a las “irregularidades y opacidad” con que se ha tratado el tema, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P”, exigió a las autoridades locales y federales, así como a las comisiones de derechos humanos capitalina y nacional, hacer pública la información sobre las víctimas y el funcionamiento del edificio Bolívar 168 esquina con Chimalpopoca, en la colonia Obrera, que se derrumbó el pasado 19 de septiembre.

Mediante un comunicado, enlistó los temas que, a dos semanas del terremoto, han estado plagados de “irregularidades y opacidad” por parte de las autoridades:

El número de personas presentes cuando se derrumbó el inmueble, el de los cuerpos hallados, el de los sobrevivientes ilesos y el de los heridos atendidos por servicios médicos; de éstos, en dónde reciben atención y cuál es su estado de salud; el número de personas no localizadas y las reportadas como extraviadas; así como la cantidad de personas extranjeras y a qué representaciones consulares de otros países le han dado información al respecto.

Además, solicitó informar sobre qué autoridades se coordinan para dar “información clara y oportuna” a los familiares de las víctimas, quiénes son los dueños o responsables del edificio, quiénes eran las personas que laboraban ahí y qué tareas realizaban, en qué empresas u oficinas trabajaban.

El Centro Vitoria también demandó saber “¿por qué el Estado mexicano, a dos semanas del sismo, no ha dado ninguna información? ¿Quién es la autoridad o autoridades que se encargarán de dar información a la sociedad, personas afectadas y sus familiares?”

Y exigió que se abra una investigación en torno a la supuesta relación que existe entre este predio con la Procuraduría Agraria, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a cargo de Rosario Robles.

Antecedentes

Según el Centro Vitoria, a partir del derrumbe de este inmueble por el sismo del martes 19 de septiembre, se ha documentado “una serie de irregularidades e información respecto a este sitio y al actuar de las autoridades en torno al mismo”.

La mala gestión de la información sobre las condiciones del inmueble, el motivo del colapso y las personas que allí se encontraban durante y después del sismo, dijo, han causado especulaciones e incertidumbre incluso a nivel internacional.

El organismo civil recordó que durante las labores voluntarias de rescate y de remoción de escombro que hicieron los ciudadanos, “se hizo evidente la falta de coordinación de las autoridades que hicieron presencia en el lugar (Policía Federal, policía de la Ciudad de México, elementos de Protección Civil y de las Fuerzas Armadas), tanto entre ellas mismas como con la sociedad civil y la ciudadanía”.

Además, añadió, las autoridades “no dieron ni han dado” información sobre las personas que se encontraban en el predio, las labores de rescate, la presencia de maquinaria y las motivaciones para suspender la búsqueda.

“Esto provocó tensiones al punto de que el viernes 22 de septiembre se produjo un altercado entre granaderos y las brigadas solidarias que se encontraban removiendo escombros y recogiendo acopio para las zonas afectadas por el sismo”, explicó.

El Centro Vitoria destacó que existen versiones confusas y contradictorias sobre quién utilizaba el predio en cuestión y mencionó que varios medios de comunicación y periodistas de investigación independientes han informado que en ese edificio había varias empresas dedicadas a la manufactura y comercialización de juguetes, ropa y cámaras de seguridad.

Por último, el organismo civil recordó que el acceso a esta información es necesario para generar certidumbre en la sociedad mexicana y la comunidad internacional que se ha solidarizado ante esta emergencia y pudieran tener connacionales víctimas, “garantizando en todo momento el respeto pleno e irrestricto a los derechos humanos”.

Además, mencionó que también es relevante para las personas afectadas, directa o indirectamente, con las actividades que ahí se hacían, así como las labores de rescate y documentación sobre derechos humanos.

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Fuente y nota completa: Proceso México