CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Para Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide) unir esfuerzos para tipificar la violencia política contra las mujeres como delito en el país es un reto con miras a la elección de 2018.
 
“El término de violencia política todavía no está tipificado como delito”, explicó Pamela Chavarría, investigadora de Incide, y agregó que por ello tienen vínculo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) -cuyo titular, Santiago Nieto, fue removido ayer-, para poder conocer los mecanismos de atención y prevención a la violencia de este tipo.

La investigadora explicó que la violencia política se manifiesta, por ejemplo, en el desacato de alguna instrucción dada por una mujer en asuntos públicos o algún puesto político, o también en el probable bloqueo presupuestal de alguna alcaldesa o gobernadora.
 
En este sentido, Pamela Chavarría sostuvo que mediante la impartición de talleres gratuitos buscan asesorar a todas aquellas mujeres interesadas en asuntos públicos -incluidas militantes de partidos, colectivos o grupos vecinales-, para saber accionar y prevenir este tipo de violencia.
 
Chavarría adelantó que en los próximos meses se lanzará un protocolo actualizado, con mayores precisiones, sobre atención a la violencia política contra las mujeres, cuya primera edición se dio a conocer en 2016 por parte de autoridades federales.
 
En tanto, con miras a la elección de 2018, Chavarría manifestó que en Incide les preocupa el “uso” de mujeres en el programa federal Prospera, que según la FEPADE son el “vehículo” más común para repartir esos recursos y coaccionar el voto.
 
“En este tiempo electoral utilizan mucho a las mujeres, a las que están todo el tiempo en la calle, a las que conocen todos en la colonia, para repartir ciertos beneficios”, dijo en entrevista.
 
“A ellas (las mujeres) es a las únicas que se les señala y eso es lo que intentaríamos evitar”.
 
Apenas el 17 de octubre pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de exhortó a prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres, y pidió al Legislativo incorporar esa modalidad de agravio a la ley general en la materia.

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Fuente y nota completa: Proceso México