CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar constitucional la figura de inspección policial sin orden judicial o ministerial, podrÃa derivar en el incremento de casos de abuso policial y violación de las garantÃas constitucionales.
El pasado 13 de marzo, la Corte le dio validez constitucional a las inspecciones policiales a personas y vehÃculos sin orden judicial cuando haya “sospecha razonableâ€�  o en ese momento se esté cometiendo un delito. Por mayorÃa de votos, el pleno de ministros apoyó las reformas que se hicieron al Código Nacional de Procedimientos Penales y que habÃan sido impugnadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el entonces Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Al respecto, el coordinador del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrilleroâ€� (CDHZL), José Antonio Lara Duque, manifestó que estas revisiones representan un riesgo para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos por la subjetividad y ambigüedad con las que serán aplicados, pues hasta el momento no existe un criterio explÃcito de la “sospecha razonableâ€� que autoriza a la policÃa a someter a la revisión a los ciudadanos.
Esta figura (sospecha razonable) no aparece dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, ni tampoco fue definida por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la discusión del tema, puntualizó.
Lara Duque reconoció que la policÃa debe tener un margen de acción para desempeñar sus funciones, pero estas facultades deben contar con controles internos y externos (judiciales e incluso ciudadanos) para garantizar que no haya excesos en su desempeño.
En esta resolución la SCJN habilita nuevos poderes, pero no introduce en su resolución mecanismos de autocontrol o control para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos, apuntó.
Lara Duque aseguró que lamentablemente México no cuenta con una policÃa profesional que cuente con criterios claros y precisos para cuando entra en contacto con la ciudadanÃa y ahora la Corte les autoriza someter a revisión a cualquier ciudadano con criterios subjetivos.
“Tal parece que los ministros de la Suprema Corte desconocieron en la discusión una realidad que vive nuestro paÃs donde hay un conflicto sistemático entre la policÃa y los ciudadanos que sufren la violación de sus derechosâ€�, expresó.
Criticó también la decisión de que sean los jueces de control los que revisarán la legalidad estas inspecciones, cuando éstos (los jueces) no están en la calle donde la policÃa va ejercer esta nueva facultad con altas posibilidades de violar los derechos humanos.
De igual manera, Lara Duque mencionó que no hay evidencia que este tipo de acciones reduzcan significativamente la delincuencia o la violencia, por lo que es necesario que, junto con estas nuevas y herramientas, se establezca mecanismos o esquemas, como las auditorÃas externas, para revisar la correcta actuación policial.
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Fuente y nota completa: Proceso México