CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encargados del caso Ayotzinapa también pudieron ser espiados con el malware Pegasus mientras se encontraban en México: en marzo de 2016 recibieron mensajes similares a los utilizados para infectar teléfonos celulares de periodistas, activistas y políticos mexicanos, informaron integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La comisionada Esmeralda de Troitiño, quien presidió hoy la audiencia de la CIDH sobre el mecanismo especial de seguimiento del asunto Ayotzinapa, informó que el organismo recibió una carta del GIEI, la cual notificó la recepción de mensajes de texto con enlaces hacia páginas probablemente infectadas con el malware Pegasus.

“Vamos a comunicarle formalmente esta carta al Estado”, subrayó el comisionado James Cavallaro -exintegrante del GIEI-, quien insistió en que el presunto espionaje gubernamental contra los defensores de derechos humanos es un tema de “extrema preocupación” para la CIDH, la cual realiza esta semana su 163 periodo de sesiones en Lima, Perú.

Durante un año, los expertos del GIEI coadyuvaron en la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas em Iguala, Guerrero. Su labor obligó la Procuraduría General de la República (PGR) a ampliar las líneas de investigación y desacreditó la llamada “verdad histórica” elaborada por el gobierno federal para explicar lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.

“#GobiernoEspía”

La empresa NSO Group, de origen israelí, desarrolla el malware Pegasus y lo vende de manera exclusiva a las agencias de gobierno. En los últimos dos años, este programa fue utilizado, presuntamente por instituciones gubernamentales mexicanas, para tomar el control de los celulares de activistas, periodistas y políticos mexicanos, pese a violar la ley.

El tema del creciente escándalo del espionaje gubernamental operado en la administración del presidente Enrique Peña Nieto se introdujo hoy en las audiencias de la CIDH dedicadas a los casos mexicanos -los integrantes de la sociedad civil instalaron frente a ellos una cartulina con la consigna #GobiernoEspía-, pero se agudizó en la sesión sobre Ayotzinapa.

Frente a los representantes del gobierno mexicano se encontraban algunos padres de los normalistas, acompañados por su abogado Vidulfo Rosales, así como Mario Patrón Sánchez y Santiago Aguirre Espinosa, director y subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), respectivamente, quienes fueron víctimas de tentativas de espionaje en 2016.

Desde los primeros momentos de la sesión, Patrón marcó el tono de la audiencia que se llevaría a cabo a lo largo de la siguiente hora: “Venimos a denunciar que el gobierno mexicano espía en vez de investigar el paradero de los 43 normalistas”, sostuvo.

Los representantes del gobierno mexicano, encabezados por Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se vieron acorralados por los cuestionamientos de los comisionados de la CIDH.

Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, planteó que la PGR abrió una investigación para determinar responsabilidades penales contra las “personas” que interceptaron las comunicaciones privadas.

“No hay imputaciones directas a personas, sino a instituciones”, reviró Patrón, al añadir que “la gran pregunta es si el Estado querrá y tendrá la capacidad de investigarse a sí mismo”.

El defensor de derechos humanos recordó que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) -dependiente de la PGR-, el Centro de Inteligencia en Seguridad Nacional (Cisen) -parte de la Segob- y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberían ser investigados, pues existen evidencias de que compraron el programa Pegasus.

Incluso, denunció que las autoridades mexicanas reservaron los contratos que evidencian la compra de dicho programa.

La de hoy no fue la primera vez que una audiencia de la CIDH sobre el caso Ayotzinapa se convierte en el teatro de intercambios ríspidos entre defensores de derechos humanos y funcionarios.

El pasado 17 marzo, en los últimos minutos de la sesión, Roberto Campa Cifrián relanzó la “verdad histórica” del gobierno federal sobre la noche de Iguala y planteó que “no se ha consolidado otra hipótesis”.

En esa ocasión, el funcionario intervino para “rescatar” a Alfredo Higuera Bernal, el fiscal que la PGR adscribió al caso de Ayotzinapa, quien eludía de manera burda la serie de preguntas que le hizo el comisionado James Cavallaro.

-¿Por qué se ejercieron presiones sobre el exvisitador interno de la PGR, César Chávez, para que las conclusiones de su informe sobre la investigación del caso Ayotzinapa?

–¿Cómo van las investigaciones sobre los probables actos de tortura perpetrados contra siete de cada diez detenidos del caso?

-¿Por qué, si ya transcurrieron 18 meses desde que el GIEI pidió una investigación más profunda sobre las redes de trasiego de heroína de Iguala a Chicago, sigue en trámite la petición de asistencia mutua del gobierno de México a su contraparte de Estados Unidos?

-¿Qué avances existen sobre la posible participación de policías municipales de Huitzuco y de militares?

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Fuente y nota completa: Proceso México