CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Consejeros y exconsejeros de la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad (CDHDF) consideraron que es “inviable” un segundo periodo de Perla Gómez Gallardo como presidenta y pidieron a la Asamblea Legislativa convocar a instituciones y personalidades para proponer a un candidato o candidata que ayude a “recuperar el piso mínimo de credibilidad” del organismo.

En una carta dirigida a los diputados Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno, y Luciano Jimeno, de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF –de la cual Apro tiene copia–, 13 consejeros y exconsejeros se refieren a la conclusión del cargo de Gómez Gallardo –del 5 de noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2017– y destacan la necesidad de que ese organismo deje de ser “un espectador de graves violaciones a los derechos humanos”.

Los firmantes aseguran que “recuperar el piso mínimo de credibilidad en este organismo autónomo, dependerá del perfil de la o el ombudsperson que se designe”.

Para ello, mencionan que es necesario que la persona que encabezará los trabajos de la Comisión “demuestre cabalmente que cuenta con una amplia trayectoria y vasto conocimiento en torno al tema de derechos humanos, así como las cualidades gerenciales para establecer un modelo de gestión que coloque nuevamente a la institución como un organismo de contrapeso y un referente, como en gestiones anteriores, de las comisiones locales por el impacto nacional e internacional que generaron sus actividades”.

En la misiva, destacan “la espiral de debilitamiento institucional que se ha generado durante los últimos cuatro años, es evidente la nula articulación y colaboración con las organizaciones de la sociedad civil (OSC) las cuales, junto con la academia y la ciudadanía, son actores clave para el fortalecimiento, promoción y educación de la cultura de los derechos humanos”.

Los consejeros y exconsejeros recuerdan que las OSC han contribuido “históricamente con un arduo trabajo” que se ha traducido en acciones concretas en favor de la agenda de derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales en la ciudad.

No obstante, reiteran que, en esa lógica, “el rol pasivo que ha establecido el organismo como un espectador de graves violaciones a los derechos humanos, así como la falta de incidencia en temas del orden legislativo que abonen efectivamente a la agenda pendiente de los derechos humanos, claramente, han restado fuerza a la Comisión”.

Reelección, “inviable”

Por si fuera poco, los solicitantes ponen acento en los problemas internos que han caracterizado a la gestión de Gómez Gallardo. Mencionan que los constantes movimientos de personal han tenido como consecuencia “habituales prácticas de acoso y hostigamiento laboral, gran cantidad de despidos injustificados, rotación excesiva de personas con perfiles deficientes en puestos estratégicos del cuerpo directivo”.

Y enlistan: seis secretarios ejecutivos, dos directores ejecutivos de Administración, tres coordinadores de Investigación en Derechos Humanos –uno de ellos con 15 días en el cargo–, dos directores de Comunicación, por mencionar algunos.

Lo más grave es, aseguran, “en detrimento de eficiente política de austeridad y racionalidad, la erogación aproximada de 40 millones de pesos destinada al pago de liquidaciones del personal”.

Incluso, consideran indispensable que la persona electa para presidir la Comisión “asuma un compromiso verdadero para colaborar y reposicionar la figura de su Consejo como un espacio de reflexión e intercambio amplio de opiniones para establecer de manera conjunta los lineamientos generales para las actividades de este organismo”.

Y es que, según su propia experiencia, “el detrimento” de esta figura, así como la limitada interlocución e interacción con Perla Gómez Gallardo, ha repercutido directamente sobre el prestigio de la CDHDF.

Por todas estas razones, en la misiva dirigida a la ALDF, los consejeros y exconsejeros de la Comisión hacen patente su preocupación por el rumbo que durante estos cuatro años ha tomado la CDHDF.

Además, reiteran “la necesidad de reconfigurar al organismo como un espacio cercano a la ciudadanía, a la academia, a los organismos internacionales y a las organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo un organismo público autónomo con un proyecto de gestión –articulado, progresista y colaborativo–  que abone a la defensa efectiva y pleno goce de los derechos fundamentales de las personas que habitan y transitan la Ciudad de México”.

Los firmantes consideran la “inviabilidad para un segundo periodo de gestión” de Gómez Gallardo, por lo que solicitan a la ALDF que, en términos de lo dispuesto en el artículo 106 de su Ley Orgánica, convoque a los organismos no gubernamentales, entidades, instituciones y personalidades “que estime convenientes y que se han distinguido en la promoción y defensa de los derechos humanos”, a proponer a un candidato o candidata para presidir la CDHDF.

Los firmantes de la carta son los exconsejeros Elena Azaola Garrido, José Antonio Caballero Juárez, José Luis Caballero Ochoa, Miguel Concha Malo, Santiago Corcuera Cabezut, Denise Dresser Guerra, María de los Ángeles González Gamio, Clara Jusidman Rapoport, Ernesto Lopez Portillo Vargas, Nashieli Ramírez Hernández y José Woldenberg Karakowsky. Además, signan las consejeras Tania Espinosa Sánchez y Nancy Pérez García.

A la salida de Luis González Plascencia, Gómez Gallardo fue electa al frente de la CDHDF en un cuestionado proceso en el que OSC aseguraron que fue por orden directa del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. El 5 de noviembre de 2013, el pleno de la ALDF aprobó su designación con 57 votos a favor y cero en contra.

Una de las actuaciones más criticadas y recientes en su gestión fue la tardía Recomendación que hizo a la Procuraduría General de Justicia y al Tribunal Superior de Justicia capitalinos por la investigación del multihomicidio de la colonia Narvarte, pese a que una de las víctimas fue Rubén Espinosa, fotoperiodista de Proceso, Cuartoscuro y AVC Noticias.

Y es que, Gómez Gallardo es especialista en la defensa de los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información.

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Fuente y nota completa: Proceso México