CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por irregularidades en la integración de las averiguaciones ministeriales iniciadas por la desaparición de una persona desde el 30 de julio de 2013.

En un comunicado, el organismo sostuvo que acreditó violaciones a los derechos humanos a la debida procuración de justicia y a la verdad atribuibles a personal de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad, debido a que tampoco se entregó información a los familiares sobre el avance de las diligencias para la localización de su hijo.

Destacó que, de la revisión efectuada a tres investigaciones ministeriales, concluyó que las autoridades no realizaron las diligencias que dada su relevancia debieron llevarse a cabo con prontitud desde el inicio de la investigación, para evitar la pérdida de información a fin de ubicar a la víctima y, en su caso, encontrar a los probables responsables.

Se observaron lapsos de inactividad ministerial significativos para realizar diligencias tendentes a la búsqueda y localización de la víctima, lo que contravino el principio de debida diligencia, puntualizó.

Los servidores públicos estatales, agregó, omitieron recopilar datos de identificación del agraviado para su localización, así como información respecto de las personas que pudieron estar involucradas en los hechos, a pesar de que contaban con información de éstos, lo que impidió garantizar el acceso a la justicia a sus familiares y su derecho a la verdad.

Ante la falta de información proporcionada por el agente del Ministerio Público Estatal, subrayó, los familiares de la víctima presentaron queja ante la CNDH y solicitaron apoyo en la búsqueda y localización de su hijo.

Por lo expuesto, la CNDH recomendó al gobernador de Tamaulipas brindar a los familiares de la víctima atención psicológica en términos de la Ley de Atención a Víctimas para el estado de Tamaulipas y de la Ley General de Víctimas; inscribirlos en el Registro Estatal de Víctimas; continuar con la integración de la averiguación para llevar a cabo las diligencias tendentes a la búsqueda y localización de la víctima, e implementar la Ley en materia de desaparición forzada de personas y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

De igual manera, capacitar al personal ministerial en materia de desaparición de personas, atención victimológica y Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, acorde con los estándares internacionales, así como impartirles capacitación de sensibilización para que su actividad no se circunscriba a encontrar y sancionar a los responsables, sino a localizar a las víctimas.

Además, el área de Supervisión Jurídica de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) deberá revisar semestralmente las carpetas de investigación iniciadas por desaparición de personas, para que ningún caso deje de ser investigado.

También, que colabore con la CNDH en la presentación y seguimiento de la queja ante la Coordinación de Asuntos Internos de la PGJ en contra del personal ministerial involucrado, así como de la denuncia de hechos en contra de la autoridad responsable por las violaciones a los derechos humanos citados.

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Fuente y nota completa: Proceso México