CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó al Estado mexicano a fortalecer el sistema de inspección, y sancionar a las personas y empresas que exploten económicamente y abusen de los niños y adolescentes mediante trabajos de mendicidad, labores domésticas y agricultura.

En el marco del Día Internacional contra el Trabajo Infantil, que se celebra este 12 de junio, la CNDH afirma que la vigencia y efectividad de los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país, pese a que ha habido avances, no sólo están muy lejos de ser una realidad, sino que se encuentran en riesgo permanente de vulneración, sobre todo los de quienes cubren sus necesidades de subsistencia ante los insuficientes ingresos de sus padres o tutores, como consecuencia de la desigualdad y pobreza en que viven.

Exponer a niñez y adolescencia a diversas formas de trabajo infantil es ponerlas en riesgo de hacerlas víctimas de explotación, esclavitud y trata de personas, fenómenos delictivos para los que no debe existir tolerancia social ni omisión de las autoridades, puntualiza en un comunicado.

Ante ese panorama, añade, la atención de los tres niveles de gobierno hacia la niñez y la adolescencia debe ser integral, especialmente en las actividades en que son expuestos a ambientes peligrosos, a esclavitud y otras formas de trabajo forzado, y actividades ilícitas como tráfico de drogas, delincuencia organizada y explotación sexual, que además de ser delitos constituyen abiertas violaciones a sus prerrogativas fundamentales, especialmente al libre desarrollo de su personalidad, desarrollo pleno, a la salud, la educación, el juego, la cultura y el deporte, entre otros.

De igual manera, hace un llamado al Estado mexicano a cumplir con las observaciones sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados que el Comité de los Derechos del Niño le formuló ante el elevado número de niñas y niños que laboran en la minería y agricultura, así como por la ineficacia de medidas para abordar el trabajo doméstico que afecta especialmente a las niñas.

Ante ello, apunta, el Estado mexicano debe fortalecer el sistema de inspección, sancionar a las personas y empresas que exploten económicamente y abusen de niñez y adolescencia mediante trabajos de mendicidad, labores domésticas y agricultura, además de proporcionar recursos adecuados para la aplicación efectiva del “Programa Nacional para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y Proteger a los Trabajadores en Edad Permitida”.

Al respecto, añade, la CNDH impulsa la capacitación sobre los derechos de la infancia y adolescencia entre la sociedad, para desterrar mitos y creencias sobre el trabajo infantil y adolescente, como aquélla que señala que sirve para preparar a esa población para la vida adulta; que la obtención de recursos económicos implica el respeto de quienes están alrededor, y que así se forja el carácter, entre otras falsas creencias.

En tal sentido, demanda a sociedad y autoridades dirigir la mirada hacia la atención de ese fenómeno que debe erradicarse, para lo cual urge sensibilizar y concientizar a la población sobre los riesgos que conlleva, así como implementar políticas públicas transversales, con perspectiva de derechos humanos y de género, orientadas a reducir la pobreza y discriminación, para que las familias superen su situación de vulnerabilidad y sus integrantes accedan a un trabajo y salario dignos, que les permitan garantizar que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a la educación, salud, alimentación adecuada, asistencia y protección social, y evitar así que los menores de edad se vean obligados a trabajar.

Destaca que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2 millones 475 mil 989 niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años trabajan, es decir 8.41% de la población total de esa edad (29 millones 412 mil 038), de los cuales un millón 728 mil 951 son hombres (69.8%) y 747 mil 038 son mujeres (30.1%); 915 mil 309 no asisten a la escuela por trabajo (36.9%); dos millones 217 mil 648 laboran en ocupaciones no permitidas (89.5%), de los que 887 mil 041 no cumplen con la edad mínima permitida (39.9%), y un millón 330 mil 607 realizan una actividad peligrosa (60%).

Las tres entidades federativas con mayor población de niñas, niños y adolescentes que trabajan son Estado de México, con 286 mil 153 (11.55%); Jalisco, 220 mil 116 (8.89%), y Puebla, 208 mil 450 (8.41%).

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas –detalla– establecen en el numeral 8.7 que se deben adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil.

Y destaca que en el marco de esta fecha conmemorativa, este martes 13, en la capital poblana llevará a cabo el Foro “La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de trabajo”, dirigido a servidoras y servidores públicos, donde se abordarán los diversos problemas que niñez y adolescencia enfrentan en materia laboral.

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Fuente y nota completa: Proceso México