CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH) solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en el estado de Coahuila de 2009 a 2016.

Una vez reconocida la existencia de esos crímenes, apuntó, deberá determinar si tiene jurisdicción sobre el caso y, por lo tanto, especificar si las autoridades mexicanas deben emprender acciones legales para juzgar a los autores o cómplices, entre ellos altos funcionarios y figuras públicas.

De acuerdo con la FIDH, la falta de investigación en México y la naturaleza de los delitos registrados “hacen ineluctable la apertura de una investigación por parte de la CPI, frente a la cual las autoridades mexicanas se han mostrado hasta ahora reticentes”.

Proceso publicó en su edición 2122 que está en circulación, un reporte especial de la reportera Gloria Leticia Díaz, cuya pieza principal lleva como título Entre el infierno y la esperanza en el que da cuenta del dramático número de casos de desapariciones forzadas, en muchas de las cuales toman parte las fuerzas públicas.

Y ahora, en un informe de 72 páginas que entregará mañana al fiscal general de la CPI, la Federación Internacional para los Derechos Humanos destaca que en Coahuila no se está frente a una situación de violencia esporádica ni tampoco de violencia que se deba únicamente a los cárteles de la droga.

El documento identifica la existencia de una política de parte del estado de Coahuila de permitir y apoyar activamente un ataque en contra de la población civil.

En la información analizada, los autores del texto concluyen que de 2009 a 2011/2012, las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad en un contexto de innegable colusión con Los Zetas. Y de 2011/2012 a 2016, las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad directamente a través de las fuerzas especiales.

El texto que será presentado a la CPI se basa en 500 casos de detención arbitraria, tortura y desaparición forzada, y en particular de los expedientes de 73 víctimas, según la FIDH.

La comunicación también incluye dos episodios particularmente violentos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, uno de ellos la matanza por parte de Los Zetas de entre 60 y 300 pobladores en Allende, Coahuila, en marzo de 2011.

“La evidencia sugiere que no sólo el municipio, sino también el gobernador, estaban al tanto de lo que se preparaba, y que Los Zetas contaron con la pasividad e incluso con la cooperación de las fuerzas de seguridad”.

El otro episodio tiene que ver con la gestión de la prisión de Piedras Negras, Coahuila, que bajo la responsabilidad del gobierno estatal se convirtió en un centro de operaciones de Los Zetas de 2008 a 2012.

“Los prisioneros podían salir a su antojo y traficar diversos elementos, tales como transformar y maquillar vehículos, fabricar chalecos antibalas, entre otros. Lo más grave fue que al menos 150 personas habrían sido asesinadas allí, y sus cuerpos fueron quemados o disueltos en cubos con ácido. Tales acciones no habrían sido posibles sin la complicidad de la administración de la prisión y sus autoridades”.

En rueda de prensa en La Haya, Jimena Reyes, directora para América de la FIDH, declaró este miércoles: “Con la ayuda del cártel de Los Zetas, las autoridades mexicanas son culpables de crímenes contra la humanidad desde 2009”.

Añadió: “Pedimos la apertura de una investigación preliminar, primera etapa para que el Estado mexicano reconozca que se cometen crímenes contra la humanidad en México. Esto debe terminar, la situación es de tal crueldad que supera cualquier entendimiento”.

El informe de la FIDH se centra en el estado de Coahuila, donde desaparecieron oficialmente mil 830 personas. Se basa en el análisis de 500 casos de “tortura, privación de libertad y desapariciones forzosas”.

El organismo acusa al gobierno de tener “una gran parte de responsabilidad en los crímenes cometidos” y denuncia una “colaboración de las autoridades con el grupo criminal Los Zetas, que controla el estado de Coahuila, donde ataca de forma sistemática a la población civil”.

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Fuente y nota completa: Proceso México