CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con una postura ambigua e indecisa, la presidencia de la Mesa Directiva en San Lázaro mantiene en suspenso la posibilidad de someter al pleno y voto de los 500 legisladores el retiro o no del fuero constitucional de los diputados priistas Alberto Silva Ramos y Antonio Tarek Abdalá Saad, también extesorero del exgobernador veracruzano Javier Duarte.

En dos comunicaciones, contradictorias y fechadas indistintamente, Jorge Carlos Ramírez Marín, priista y presidente de la Mesa, no atina a establecer tácitamente el procedimiento legislativo relativo a estos casos.

Como se recordará, el jueves 12 la Sección Instructora, que preside el también priista Ricardo Ramírez Nieto, elaboró un dictamen donde se mantiene el fuero de sus correligionarios. La votación se realizó en tres ocasiones y, en cada una de ellas, resultó el empate, por lo que los cuatro miembros del organismo decidieron remitir a la Mesa Directiva el tema para que ahí se estableciera la ruta a seguir.

Sandra Méndez y Ramírez Nieto, del PRI, votaron a favor del dictamen; Juan Pablo Piña, del PAN, y Omar Ortega, del PRD, votaron en contra. Ambos sostuvieron ese día que la decisión no recaía en el presidente de la Mesa Directiva, sino que éste, por ley, debía someter al pleno si se retiraba o no el fuero a los diputados priistas.

En entrevista con Proceso, en la edición 2137 que circula esta semana, el diputado Juan Pablo Piña dijo que Ramírez Marín “debía” tomar una resolución el martes 17, esto es, someter el tema al pleno, sin embargo, no ocurrió así; en lugar de ello, el presidente de la Mesa Directiva envió una comunicación al presidente de la Sección Instructora donde señala que le regresa el dictamen.

Pero no sólo eso, en el documento, Ramírez Marín hace una interpretación de la Ley Orgánica del Congreso en su artículo 45 numeral 7, y concluye que, “dado que el dictamen y el acuerdo no cumplen con el supuesto (del articulado), se devuelven a la Sección Instructora”.

El oficio de Ramírez Marín está fechado el martes 17 y fue recibido en la Instructora a las 14:46 horas. Dos días después, el presidente de la Mesa cambió de opinión y remitió otro escrito, con fecha de este jueves 19, donde abre la posibilidad a “una negociación” para llevar el tema al pleno.

En el segundo párrafo de esta misiva, Ramírez Marín vuelve a señalar el artículo 45 y comenta: “Éste constituye una condición limitativa y, por lo tanto, dicho dictamen no puede pasar al pleno para su votación.”

Luego le recuerda que es la Instructora la que “debe rendir un dictamen ante el pleno”, por lo que “se devuelven el dictamen y el acuerdo a la Sección Instructora que usted preside”.

Otro dato nuevo en la segunda misiva del presidente de la Mesa Directiva y el cual se presta a confusión, es donde advierte que, si de nuevo se regresa el caso a la Mesa, significará que la Instructora abdica de su función, por lo que la Mesa atraerá el tema y tomará una decisión el martes 24.

“Finalmente hago de su conocimiento que la Mesa Directiva ha acordado que, en caso de que la Sección Instructora a su cargo devuelva el dictamen y el acuerdo a la Mesa Directiva, se entenderá que delega su función jurisdiccional a la Mesa Directiva, y en consecuencia ésta procederá a atraerlos y a tomar una determinación al respecto en su próxima reunión, misma que tendrá lugar el día martes 24 de octubre”.

“Nos confunde”

Después de los tres empates del 12 de octubre, los diputados Juan Pablo Piña, del PAN, y Omar Ortega, del PRD, solicitaron que el tema se enviara a la Mesa Directiva para que ésta sometiera el asunto al pleno, no el dictamen, sino la solicitud de retirarles el fuero a los priistas.

La demanda la hicieron evocando el mismo artículo 45 de la Ley Orgánica de la Cámara al que hace alusión Ramírez Marín en sus dos misivas.

El artículo señala que cuando hay tres empates en una votación de “comisiones”, el asunto será resuelto en definitiva en el pleno.

Y el siguiente párrafo establece que los proyectos de dictamen de la Sección Instructora “sólo pasarán al pleno si son votados por la mayoría de los integrantes respectivos”.

El legislador panista acota: “No hay que confundir. No dice aprobado por la mayoría, dice votado”, y el dictamen se votó por todos los miembros de la Sección.

El dictamen cumple los dos supuestos del artículo 45, recuerda Piña, es decir, “que haya habido empate, y dos, que a esa votación haya acudido a votar la mayoría de los integrantes de la Sección, por lo tanto no hay motivo alguno por el cual el asunto del desafuero no sea votado en el pleno”.

Pero todavía más, reveló, hoy en la mañana, Ramírez Marín dijo a los miembros de la Mesa Directiva que el próximo martes iba a tratar el tema, “cuando ayer mando una carta diciendo que el asunto no iba a subir al pleno”.

Y expresó: “¡Me genera confusión! ¿o lo van a tratar el martes o ya decidió él de manera unipersonal no subirlo al pleno? Y si es el caso, ¿por qué?”.

Lo que está ocurriendo, comentó, es que el PRI “no quiere que el asunto llegue al pleno, parece que quiere patear el bote”

Además de los casos de Tarek Abdalá y Silva Ramos, la Sección Instructora tiene dos solicitudes de desafuero por malversación de fondos. Una es el de la diputada local priista y presidenta del Congreso de Chihuahua, Karina Velázquez, acusada de recibir dinero que el gobierno estatal descontaba a sus empleados. Y el segundo es contra la también priista Bárbara Botello, diputada federal por Guanajuato, por presuntamente haber desviado recursos cuando fue alcaldesa de León.

Por lo pronto, el tema de Takek Abdalá y Silva Ramos se resolvería el martes próximo, una vez que se haya votado la Ley de Ingresos y arrancado la distribución del Presupuesto de Egresos, en donde se incluyen dos de los 12 estados que gobierna el PAN y los tres del PRD

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Fuente y nota completa: Proceso México