CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un mes del terremoto de 7.1 grados que dejó 360 muertos en esta ciudad y cinco estados, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil agrupados en la iniciativa #Ciudadanía19s demandaron acciones para atender a los damnificados y hacer público el catastro actualizado, estudios de peligros, riesgos y acuíferos, así como los dictámenes estructurales de las edificaciones afectadas por el sismo del 19 de septiembre.

En un comunicado señalaron la necesidad de mantener “un alto nivel de coordinación cívica” para responder a la emergencia que sigue: la atención a los damnificados, la seguridad física y revisión de inmuebles, la rendición de cuentas –y en su caso, la sanción a quienes hubieren incurrido en irregularidades– y la organización ciudadana para lograr una reconstrucción urbana incluyente, acorde a las mejores prácticas urbanas, “libre de clientelismos, corruptelas y especulación inmobiliaria”.

La organización señaló que del sismo de 7.1 grados de magnitud que sacudió el 19 de septiembre a la Ciudad de México y a decenas de municipios de Morelos, Puebla, Oaxaca y Guerrero “hizo que miles de ciudadanos tomáramos en nuestras manos los primeros esfuerzos para rescatar y atender a quienes lo perdieron todo.

Tras la tragedia y a sabiendas que en la Ciudad de México “hay miles de grietas, hundimientos, socavones y edificios con posibilidad de riesgo estructural” y ante la importancia y la urgencia de que los ciudadanos tengan certeza de su seguridad física y patrimonial, exigieron al Gobierno de la Ciudad de México:

Hacer públicos, en formato de datos abiertos: El catastro vigente, así como versiones históricas; los estudios y escenarios de peligros y riesgos, la delimitación geohidrológica de acuíferos, así como sus flujos y volumen de agua, las solicitudes de revisión de inmuebles, las revisiones post-sismo y los dictámenes de seguridad estructural, incluyendo los nombre y números de cédulas de Directores Responsables de Obra (DRO) y Co-Responsables de Estructuras que los revisaron.

También pidieron hacer públicos los inmuebles que están en proceso de mayor revisión estructural, los reforzamientos o demoliciones, para determinar si representan peligro a la integridad de dueños, usuarios y colindantes de los inmuebles.

Los inmuebles y sus expedientes (planos, permisos, revisiones y autorizaciones) que tienen acciones legales, así como su estado en el proceso y pruebas periciales. Los folios reales del Registro Público de la
Propiedad, relacionados con el número de catastro, de los inmuebles.

Y en el caso de los predios construidos o remodelados después del año 2000, solicitaron la razón social de la constructora, su responsable legal, su Director Responsable de Obra (DRO), número y fecha de autorización y número y fecha de terminación de obra.

Asimismo, exigieron se publique la descripción detallada del Procedimiento de “Revisión Post-Sismo”, “Revisión Estructural” y “Registro por Protección Civil” (de la delegación y del Gobierno de la Ciudad), incluyendo un flujograma, detallando la instancia responsable, denominación del trámite o acto administrativo, y tiempo de elaboración.

Además, garantizar el derecho que los ciudadanos de recibir un dictamen (en copia u original) de los formatos completos de Revisión Post-Sismo, Revisión Estructural, Registro de Protección Civil y estudios relevantes, sean propietarios, inquilinos, colindantes, padres de familia, empleados, usuarios o inclusive transeúntes cercanos a los inmuebles en riesgo.

Colocar en un lugar visible de cada edificio la notificación del nivel de riesgo de los inmuebles dictaminados por las autoridades competentes, de forma que los ciudadanos sepamos si un inmueble es habitable, si está en proceso de verificación o si representa un riesgo y de qué nivel es.

Establecer un mecanismo ágil y efectivo para que los ciudadanos soliciten una revisión o una resolución en caso de contar con dictámenes contradictorios sobre la seguridad de los inmuebles.

Y por último, permitir el acceso a peritajes independientes de obras colapsadas y en riesgo, para analizar los materiales, las estructuras, el diseño y los movimientos sísmicos de los inmuebles.

“Antes que se avance al otorgamiento de permisos, alturas y usos de suelo o violaciones de urbanización de las áreas naturales protegidas, por excepción y bajo la justificación de la reconstrucción, exigimos se avance en levantar un diagnóstico detallado, junto con un Sistema de Información Pública de Gestión Urbana, que ayude a la transparencia, la coordinación entre autoridades y los distintos actores en la gestión de una obra.

“Este Sistema deberá incluir las manifestaciones, los permisos y las licencias, así como los Directores Responsables de Obra (DRO), los Corresponsables de Seguridad Estructural, las Autorizaciones de las Secretarías de Desarrollo Urbano y las Delegaciones, las terminaciones de obras y las revisiones de protección civil.

La organización hace énfasis en la importancia de que la ciudadanía participe en la construcción colaborativa de información pública, “a fin de que ningún habitante sea víctima de abusos, y se planee con base en información y evidencia, no por ocurrencias”.

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Fuente y nota completa: Proceso México