CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos advirtieron que no van a aceptar ninguna verdad que no sea apegada a argumentos científicos.

En el marco del 163 periodo de sesiones del organismo, los familiares de los estudiantes señalaron que frente a los nulos avances en las investigaciones sobre el caso, han tenido que protestar para exigir la verdad y justicia, “pero la respuesta ha sido la criminalización, amenazas, agresiones físicas, campañas de difamación e incluso el espionaje”.

Subrayaron que no hay un verdadero seguimiento a las líneas de investigación recomendadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y todo ha sido “una postura falaz que construye mentiras sobre mentiras”.

Además, destacaron que el gobierno no usa adecuadamente la tecnología para buscar a sus hijos, sino para espiar a sus representantes, a las organizaciones que los acompañan y a los propios padres.

En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan precisó que la audiencia de seguimiento sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa tuvo lugar en Lima, Perú.

En ella, sostuvo, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, representados por Cristina Bautista y Mario César González, manifestaron que a más de 33 meses de los hechos, “como madres y padres no vamos a aceptar ninguna verdad que no sea apegada a argumentos científicos”.

Manifestaron que a la fecha no existen avances en el análisis de la tecnología celular de los estudiantes; paradójicamente, el Estado ha invertido cuantiosos recursos para espiar a los padres de los 43 y sus abogados.

Por otra parte, madres, padres y representantes denunciaron que el cronograma acordado por parte de las autoridades mexicanas en cumplimiento del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH sobre el caso no cumple de manera cabal lo requerido por las familias y no expresa una seriedad en la investigación a casi tres años.

Existen líneas de investigación que el Estado se comprometió resolver en junio, pero a la fecha no han presentado resultados, subrayaron.

En ese sentido, el cronograma propuesto y acordado ha sido utilizado únicamente como un mecanismo de dilación en las indagatorias realizando oficios y trámites burocráticos desde el escritorio sin presentar avances reales, como la detención de los policías municipales de Huitzuco, policías federales e investigaciones, y procesamiento de elementos del Ejército Mexicano con presuntos vínculos con organizaciones delictivas y que omitieron dar información de los hechos del día 26 y 27 de septiembre de 2014.

Tlachinollan destacó que en la audiencia realizada, la CIDH expresó su preocupación por los endebles avances.

La relatora para México, Esmeralda Troitiño, y el comisionado James Cavallaro, precisaron que se tienen informes de que los integrantes del GIEI pudieron ser víctimas de espionaje telefónico por parte del gobierno mexicano, con el programa Pegasus del que fueron víctimas periodistas y defensores de derechos humanos.

Cavallaro leyó una carta que recibieron de los exintegrantes del GIEI, en el que dan a conocer esta circunstancia, por lo que los comisionados y los representantes de los familiares de los 43 normalistas demandaron a la representación del Estado mexicano una investigación a fondo del espionaje telefónico.

La misma relatora interpeló a la delegación mexicana al preguntarle sobre las autoridades del Estado que estuvieron involucradas. “La respuesta fue muy lacónica” por parte del titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, quien se limitó a responder que hay una denuncia abierta “contra quienes resulten responsables”.

En la audiencia quedaron evidenciados el estancamiento de las investigaciones, la utilización de la tecnología para espiar a las víctimas, no para avanzar en el análisis telefónico, y las inconsistencias de su verdad histórica, puesto que reconoce que nueve teléfonos de los estudiantes tuvieron actividad después del 26 de septiembre de 2014.

“Una vez más el gobierno mexicano deja expuestos los nulos avances sobre las cuatro líneas de investigación que los padres y madres de familia demandan sean investigadas, al incumplir con los plazos comprometidos en el cronograma referido, y pisotea los mecanismos internacionales de supervisión de derechos humanos faltando a su compromiso de verdad y justicia y al respeto a los derechos fundamentales y compromisos internacionales en esta materia, al espiar a los integrantes del GIEI”, puntualizó el Centro de Derechos Humanos.

En esa audiencia, agregó, los padres y madres de familia “han podido demostrar a los miembros de la CIDH que no hay un verdadero seguimiento a las líneas de investigación recomendadas por el GIEI y que todo ha sido una postura falaz que construye mentiras sobre mentiras”.

A pesar de esta indolencia de las autoridades, las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa seguirán depositando su confianza en el Mecanismo Especial de Seguimiento para que sea esta instancia internacional de la CIDH la que impulse las investigaciones y pueda dar con el paradero de sus hijos, apuntó.

Por su parte, los comisionados de la CIDH y las víctimas urgieron al Estado Mexicano a ampliar las indagatorias y a agilizar los procesos para dar con el paradero de los jóvenes, sancionar a los responsables y llegar a la verdad y a la justicia.

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Fuente y nota completa: Proceso México