CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Organizaciones ciudadanas de observación electoral exigieron a las autoridades de Chihuahua que se ejerza acción penal contra exfuncionarios de la administración del priista César Duarte Jáquez.

En un comunicado conjunto, aplaudieron que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) haya obtenido la solicitud de detención contra el exgobernador Duarte por presuntas acciones de peculado electoral y desvío de recursos de aportaciones de sus trabajadores.

En el documento condenan que cualquier funcionario, de indistinta índole, descuente montos de nómina a empleados de su administración para desviarlos hacia actividades político-partidistas o de proselitismo, como sucedió durante el gobierno de César Duarte.

Las organización consideraron que la solicitud de detención contra Duarte sienta un precedente para enviar un mensaje firme a todo funcionario público para que se abstenga de ordenar este tipo de prácticas antidemocráticas que, además de vulnerar los derechos de sus empleados, rompen con el principio de equidad en el financiamiento a partidos políticos.

“Nuestras organizaciones, reconocidas en México y en el extranjero, en el desempeño de nuestras actividades en materia de observación electoral, aplaudimos el fortalecimiento de las autoridades electorales, que contribuyen a fomentar e incrementar la cultura de la denuncia y la legalidad, así como la confianza en las instituciones de nuestro país”, agrega el comunicado.

Esto, precisaron, con el fin de estar a la altura de las expectativas de la sociedad ante el inicio del proceso electoral de 2018.

Las organizaciones demandaron un alto a la impunidad y a la complicidad, “exigimos justicia, transparencia y castigos ejemplares a quienes abusen del poder conferido democráticamente por la ciudadanía”.

Entre las agrupaciones firmantes están la Asociación Nacional Cívica Femenina, Tendiendo Puentes, Los Dos Méxicos, Casa Cívica, Atención México, Fundación Movimiento por la Certidumbre, Ouroboros, Incide Social y la Comisión Mexicana de Derechos Humanos.

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Fuente y nota completa: Proceso México