CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin mencionarlo por su nombre y con todas las reservas, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió la noche de ayer una alerta migratoria para impedir la salida del país de Manuel Barreiro Castañeda, el empresario vinculado a la empresa que compró una propiedad del candidato presidencial de la coalición PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya en el estado de Querétaro.

En el comunicado, la dependencia menciona que el pasado 26 de octubre de 2017 recibió una denuncia sobre hechos posiblemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de lo cual se inició carpeta de investigación.

Añade que el agente del Ministerio Público de la Federación ha realizado diversas diligencias — cateos, solicitud de alertas migratorias–, así como, bajo el principio de lealtad del Sistema Penal Acusatorio, citó a diversas personas, quienes acudieron a rendir su declaración.

Dos de las personas citadas –de las que tampoco da sus nombres–, solicitaron, dice, que se les aplique alguna de las figuras jurídicas nuevas contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Y termina el escueto boletín:

“Esta Procuraduría se encuentra realizando el análisis de la petición bajo el criterio de objetividad, sin discriminación y evaluando las circunstancias especiales del caso, para estar en condiciones de resolver si son acreedores a que les sea autorizada la aplicación de la figura jurídica solicitada, lo anterior de conformidad con los parámetros previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales�.

Barreiro Castañeda es el presunto cerebro financiero en la triangulación de recursos para adquirir una nave industrial por parte de Juniserra, una empresa del ahora candidato presidencial de la coalición Por México al Frente y de su familia política.

El caso, “un refrito�: Anaya

Sobre este asunto, Anaya dijo que se trata de un “refrito� que ya aclaró en su momento y subrayó que la reactivicación mediática de ese caso es parte de una campaña del PRI en su contra.

Pero lo único cierto es que la PGR tiene abierta una carpeta de investigación sobre ese asunto, como se desprende del comunicado emitido ayer.

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Fuente y nota completa: Proceso México