CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La incorporación del teniente coronel retirado Julián Leyzaola Pérez como asesor operativo de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, preocupa a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues el exmando militar tiene cuatro denuncias en su contra.

Las recomendaciones 87/2011 y 12/2015, emitidas por la CNDH contra Leyzaola Pérez están parcialmente cumplidas, informó el órgano en un comunicado

Los señalamientos por los que se imputa a militar son: una averiguación previa y su acumulada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, cuando se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública de Tijuana; una averiguación previa ante la Procuraduría General de la República, así como carpeta de investigación ante la Fiscalía General de Chihuahua, y otra de índole administrativo ante la Dirección de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua.

En un oficio, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, hizo saber lo anterior al presidente municipal, Remberto Estrada Barba, y le solicitó se tomen medidas necesarias para evitar que ocurran actos violatorios de derechos humanos en el municipio.

La recomendación 87/2011 tiene como origen hechos ocurridos en marzo de 2009, cuando se privó de la libertad, en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento de Tijuana a dos civiles y 23 policías municipales, detalló la CNDH.

La otra, 12/2015, surgió por hechos ocurridos en abril de 2012, cuando seis policías del ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua, realizaron actos de detención arbitraria y uso excesivo de la fuerza en agravio de cinco personas, de las cuales 4 fallecieron como consecuencia de ejecución arbitraria con disparo de arma de fuego y una logró sobrevivir.

La CNDH señaló que en ese entonces, Leyzaola Pérez era secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, Chihuahua.
 
“El trabajo realizado concluyó de manera determinante con el señalamiento de la existencia de violaciones a los derechos fundamentales de diversas personas, por lo que recomendó la instauración de medidas de reparación, entre ellas, el inicio de procedimientos sancionadores, con el fin de abatir la impunidad en que se colocan en ocasiones los trasgresores de derechos humanos”, refirió el comunicado difundido este sábado.

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Fuente y nota completa: Proceso México