CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Presidencia de la República rechazó espiar a activistas y periodistas con el argumento de que no hay pruebas de que agencias gubernamentales estén involucradas, contra lo informado hoy por el New York Times y diferentes organizaciones de la sociedad civil en México.

La comunicación difundida poco después de las seis de la tarde por el vocero presidencial Eduardo Sánchez Hernández está firmada por Daniel Millán Valencia, director de Medios Internacionales de la Presidencia.

“Como su propio texto lo señala, no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo”, expone al inicio.

Por la mañana, el diario neoyorquino publicó un reportaje titulado “Usando textos como señuelos, software gubernamental apunta a activistas mexicanos y sus familias”, en el que expone los casos de defensores de derechos humanos, lo mismo del Centro Prodh que del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), así como de periodistas como Carmen Aristegui y el equipo de investigación que en 2014 realizó el reportaje “La Casa Blanca de Peña Nieto”.

En el caso de Aristegui, las pruebas presentadas hoy por diferentes organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Red por los Derechos Digitales y Artículo 19, demuestran que el hackeo incluyó al hijo de Aristegui el año pasado, cuando aún era menor de edad.

Aunque está documentado que el software malicioso sólo puede ser adquirido por agencias gubernamentales y que el informe mencionado apunta al gobierno de Peña Nieto, la Presidencia de la República rechazó ser el espía y afirmó:

“Para el gobierno de la República, el respeto a la privacidad y la protección de datos personales de todos los individuos son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y estado de derecho. Por lo tanto, condenamos cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona”.

Breve, de apenas tres párrafos, la Presidencia llamó a los afectados a presentar denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que esa dependencia inicie las investigaciones correspondientes.

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Fuente y nota completa: Proceso México