CIUDAD DE MEXICO (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto advirtió que ante el problema de las agresiones a periodistas debe haber una respuesta de Estado, y así se está asumiendo, porque la libertad de prensa, al igual que la de expresión, es una conquista irrenunciable de las sociedades democráticas.

Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Segob, aseguró que habrá dinero suficiente para el mecanismo y la Fiscalía Especial que atiende casos de periodistas y se buscará en el Congreso un presupuesto especial en el próximo presupuesto para apuntalar todo este trabajo.

El funcionario federal sostuvo, según un despacho de Notimex, que la libertad de expresión es una conquista que en el país se ha logrado con la participación histórica de muchas generaciones de mexicanos, “por eso y por todo lo que significa y contribuye al desarrollo nacional, no podemos permitir que haya quien busque limitarla”.

En el marco de la firma de un convenio en la materia entre el gobierno federal y la Conago, Osorio Chong expuso que el periodismo libre no sólo es un derecho constitucional, sino también una mirada crítica que da vida y sustento a la democracia y fortalece la transparencia y la rendición de cuentas.

Se trata, explicó, de analizar, informar y debatir sin más límite que el respeto a la ley y a los demás, porque cada nota, reportaje, editorial o entrevista contribuyen sin duda a la construcción de una sociedad más crítica y participativa.

Tal es el caso de México, acotó, donde gracias al quehacer de los comunicadores hoy existe una ciudadanía mejor informada y más interesada en los asuntos públicos, “por eso no podemos permitir actos que impidan realizar su trabajo, ni mucho menos que lastimen su integridad”, precisó.

Osorio Chong detalló que la lucha que la delincuencia ha ejercido contra ellos indigna no sólo al gremio periodístico sino a la sociedad en su conjunto. “Se trata de una situación inadmisible que ha generado un legítimo reclamo de no impunidad y no repetición de hechos.

“Por eso estamos hoy aquí, porque es obligación del Estado garantizar que las y los periodistas puedan realizar su labor con seguridad, de ahí la importancia de que definamos claramente las acciones entre las entidades y la Federación, a partir de la hoja de ruta que planteó el presidente Enrique Peña hace un par de semanas”.

Se trata, anotó, de contar con situaciones más efectivas para perseguir, sancionar y sobre todo para prevenir las agresiones contra periodistas, partiendo de una colaboración más estrecha entre órdenes de gobierno con base en esquemas y protocolos precisos.

Luego apuntó que se trabaja para capacitar al personal que conformará las unidades estales de protección.

Igual comentó que el lunes 26 se realizará una capacitación nacional en las instalaciones de la Policía Federal en San Luis Potosí, con el fin de actuar siguiendo estándares nacionales en aspectos como el diseño de mapas de riesgo, la protección a las fuentes de información y la sensibilización a las corporaciones de seguridad.

También se está sumando al personal de los C4 y C5 para dar una respuesta inmediata y efectiva ante emergencias o situaciones de agresión, mencionó.

En su turno el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez dijo que en poco menos de cinco meses se han cometido un número de crímenes de periodistas cercano al 5% del total registrado en los últimos 17 años y se ha presentado un aumento de 300% en el número de casos respecto de 2016.

Estos hechos, sostuvo el titular de la CNDH, constituyen una señal de alerta y demandan emprender acciones concretas que tengan una incidencia real en la atención de esta problemática. Es un tema complejo con muchas dimensiones y alcances, acotó.

La política pública de protección a periodistas y defensores basada en preservar la integridad y la vida de las personas es un esquema necesario para revisarse ante la insuficiencia de los resultados que se han producido hasta ahora, planteó.

Luego consideró necesario incorporar la prevención como un elemento esencial de las políticas públicas, lo cual pasa necesariamente por asumir el combate a la impunidad como un objetivo primario.

Además, aseguró, es preciso consolidar y afinar los mecanismos y esquemas de coordinación entre la Federación y los estados. La idea, agregó, es lograr una política integral que propicie un entorno seguro para periodistas y defensores de derechos humanos en el desarrollo de sus labores.

Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno local y presidente de la Conago, destacó el diseño del “Convenio de colaboración entre los gobernadores y la Junta de Gobierno del Mecanismo Federal para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.

Mancera subrayó que ha sido un ejercicio muy importante de compromiso institucional y por supuesto de avance en una ruta perfectamente definida.

Ello representa, observó, un ejercicio claro de suma de voluntades y de tareas, con el objetivo de ampliar las bases de protección de este sector de la ciudadanía tan importante para vida democrática del país.

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Fuente y nota completa: Proceso México